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Reportes Anuales

Informe anual sobre Trata de Personas Sección Nicaragua 2006

Nicaragua (Categoría 2)

Nicaragua es un país de origen de mujeres y niños traficados internamente y a través de las fronteras con el propósito de comercio sexual. La explotación de menores en la prostitución se considera que es la forma predominante del tráfico interno. Víctimas nicaragüenses fueron ubicadas por agentes del orden público en los países vecinos como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, siendo Guatemala el principal destino extranjero para las jóvenes y niñas traficadas con fines de explotación sexual. Informes recientes señalan que hombres jóvenes de las áreas fronterizas del sur de Nicaragua son traficados hacia Costa Rica con el fin de explotación laboral. El Gobierno acepta que la trata de personas y el turismo sexual de menores son un problema significativo.

El Gobierno de Nicaragua no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para cumplirlas. Altos funcionarios han expresado su apoyo para los esfuerzos de combatir la trata de personas, y los funcionarios del orden público han incrementado esfuerzos para procesar a los traficantes y trabajar con los gobiernos extranjeros y las ONG para asistir a las víctimas. A pesar del modesto avance, los esfuerzos para ejecutar acciones contra los traficantes continúan siendo deficientes. El gobierno debe incrementar las investigaciones, mejorar los servicios a las víctimas, y trabajar con la Asamblea Nacional para aprobar reformas que introduzcan al código penal las normas internacionales de castigo a la trata de personas.

Enjuiciamiento

El progreso del Gobierno de Nicaragua de llevar a los traficantes a juicio ha sido inconsistente el año pasado. Dos investigaciones terminaron en procesamiento judicial, en uno de los casos cuatro de los cinco acusados fueron sentenciados y recibieron condenas de cuatro a ocho años en prisión. En el segundo caso, los acusados fueron sobreseídos, pero el veredicto fue revocado debido a irregularidades en el jurado. Un intento de juzgarlos nuevamente no fue posible, sin embargo, debido a que los acusados fueron liberados y permanecían sin ser localizados. El gobierno inició por lo menos siete investigaciones y clausuró varios negocios donde menores de edad eran explotados sexualmente, pero muchas víctimas no estaban dispuestas a cooperar con las investigaciones o acusaciones. Los funcionarios fronterizos recibieron capacitación para identificar las situaciones de trata de personas. La difundida corrupción del sistema judicial y la falta de un sistema de protección a los testigos impide que las víctimas pidan justicia. La explotación laboral no es castigada y las leyes que penalizan la explotación sexual comercial de menores no protegen a todos los adolescentes menores de 18 años. Ningún funcionario del gobierno ha sido señalado de tener vínculos con la trata de personas durante el periodo reportado.

Protección

Los esfuerzos de protección del gobierno han mejorado durante el periodo reportado pero siguen siendo insuficientes. El Ministerio de la Familia inauguró un albergue para menores víctimas de abuso y de la explotación sexual comercial e instaló una línea telefónica de alerta nacional para las víctimas de abuso y explotación sexual comercial de todas las edades. Veinticuatro subestaciones de policía en todo el país asistieron a mujeres víctimas de delitos violentos, incluyendo la trata de personas, pero en general las instituciones del gobierno carecen de recursos y recurren a las ONGs para albergar y asistir a las víctimas. El gobierno negoció un acuerdo con una ONG regional para que la ONG asista a las víctimas nicaragüenses en los países vecinos. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió instrucciones a sus misiones en el extranjero para que sean proactivos en asistir a nicaragüenses víctimas de la trata de personas, y las embajadas ayudaron a repatriar al menos a 21 víctimas desde El Salvador y Guatemala durante el período reportado.

Prevención

El gobierno ha hecho esfuerzos de buena fé para elevar los niveles de sensibilización pública durante el periodo reportado. Las instituciones del gobierno tales como las Comisarías de la Mujer de la Policía Nacional y el Ministerio de Gobernación y Educación han trabajado con los estudiantes, profesores, medios de comunicación y la industria turística para alcanzar una mayor audiencia acerca de las posible victimización de parte de traficantes y de turistas sexuales.