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Reporte de Derechos Humanos 2008 en Nicaragua

Reporte de Derechos Humanos 2008

NICARAGUA

NOTA: Este es el reporte específico para Nicaragua. El reporte entero se puede encontrar en http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/index.htm

Nicaragua es una democracia constituyente con una población de aproximadamente 5.7 millones de habitantes. En enero de 2007 Daniel Ortega del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) asumió el poder como Presidente después de las elecciones de 2006, caracterizadas por los observadores internacionales, en general, como libres y justas. Si bien las autoridades civiles generalmente mantuvieron un control efectivo de las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que miembros de estas fuerzas actuaron independientemente.   

Los abusos más significativos a los derechos humanos durante el año incluyeron: homicidios ilícitos de parte de fuerzas de seguridad; condiciones muy difíciles y sobrepoblación en las cárceles; abuso policial; prolongada detención antes de poner al detenido a la orden del juez; falta de respeto a las normas jurídicas, y corrupción generalizada y politización del sistema judicial, el Consejo Supremo Electoral (CSE), y otros órganos del gobierno; deterioro de la libertad de expresión y de prensa, incluyendo intimidación y acoso a periodistas; irregularidades, fraude y abusos generalizados durante las elecciones municipales en noviembre, e interferencia sustancial del gobierno en el funcionamiento de partidos políticos; acoso e intimidación sustancial del gobierno a organizaciones no-gubernamentales ONG’s; violencia contra la mujer; discriminación contra minorías étnicas y comunidades indígenas; y violación a los derechos sindicales. 

EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1 Respeto a la Integridad de la Persona, Incluido que no se le Someta a:

 a. La Privación de la Vida de Forma Arbitraria o Ilícita 
 
El gobierno o sus agentes no cometieron ningún asesinato por motivos políticos durante el año. Sin embargo, hubo reportes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron homicidios ilícitos. En dos de estos casos las cortes declararon culpables a los oficiales. La Oficina del Inspector General de la Policía, quien toma decisiones independientemente del fallo de la corte, condujo investigaciones paralelas e impuso castigos como la degradación y destitución de oficiales.     


El 11 de enero, fuerzas de seguridad de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) en Managua dispararon y dieron muerte a Moisés Elías Castillo, un soldado de licencia en su casa. El 19 de septiembre, una corte sentenció al oficial Marvin José Morales a 14 años de cárcel por haber dado muerte ilegalmente a Castillo. 

El 21 de mayo, un altercado armado entre la policía y fuerzas del ejército y civiles en la finca El Encanto en la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) resultó en la muerte de tres trabajadores y heridas a un soldado. El 3 de Julio las autoridades presentaron cargos contra dos oficiales de policía, José Romero y Feliciano Rodríguez; el policía voluntario José Martínez; y el soldado Wilfredo Reyes, por la muerte ilícita de Wilfredo Salazar, Santos Reyes, y Marvin Leiva Reyes. El 5 de noviembre una corte en Bluefields declaró a los sujetos no culpables.  Organizaciones de derechos humanos reclamaron que la decisión de la corte no se ajustaba al procedimiento legal debido.

El 14 de septiembre, tres oficiales de policía en La Paz Centro dispararon y dieron muerte a Luis Ángel Vargas Salgado después que según se informa derribó un cono con su bicicleta y huyó de la escena. El 15 de septiembre, miembros de la comunidad se alzaron y quemaron la estación de policía de La Paz Centro en protesta al supuesto fracaso de las autoridades de actuar contra los oficiales que presuntamente cometieron el asesinato. El 16 de septiembre la Comisionada de Policía Aminta Granera visitó La Paz Centro, pidió disculpas públicamente a la familia de la víctima, y anunció que ella procesaría a los oficiales involucrados. Después de la visita de Granera, la policía y los miembros de la comunidad cooperaron en la reconstrucción de la estación policial. Hasta fines de diciembre, seis oficiales de la PNN esperaban juicio por su supuesta participación en el asesinato.   

El 30 de enero, un jurado declaró inocentes y ordenó la libertad de dos personas, y declaró culpable a Casimiro Candray, por los asesinatos en marzo de Villanueva Delgadillo y su esposo Gilberto Artola Delgadillo. El juez sentenció a Candray a 30 años de cárcel. Al finalizar el año no había información disponible en relación a la concesión de medidas preventivas a favor de la familia Delgadillo-Artola de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Agosto de 2007.  
 
b. Desaparición

No se reportó ninguna desaparición por motivos políticos u otros motivos. 

c. Tortura y otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes  

Aunque la ley prohíbe dichas prácticas, organizaciones de derechos humanos y otras ONGs recibieron denuncias del excesivo uso de fuerza por parte de la policía, causando maltrato a sospechosos criminales durante su arresto. 

La oficina gubernamental del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reportó que el 8 de marzo la policía usó trato cruel y degradante contra 13 jóvenes después de que asaltantes desconocidos en el vecindario de dichos jóvenes atacaran a Daniel Mendoza, guardaespaldas presidencial. Los 13 jóvenes denunciaron ante la PDDH que la policía golpeó a algunos de ellos en el estómago, y los amenazó con pistolas para forzarlos a admitir culpabilidad en relación al ataque a Mendoza. Al finalizar el año no había información disponible sobre alguna investigación o cargos contra los oficiales involucrados. 

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) reportó que el 5 de mayo, después de responder a una queja por una disputa familiar en Managua, la policía pateó, golpeó y tiró al piso a un sospechoso vestido en paños menores durante su traslado a la estación de policía. Según los informes, un policía advirtió al sospechoso no discutir el maltrato cuando la policía lo llevó al hospital para tratar sus heridas. Al finalizar el año no había información disponible sobre alguna investigación del incidente. 

La ONG Centro de Prevención de la Violencia (CEPREV) reportó excesivo uso de fuerza de parte de la policía en el arresto de jóvenes adolescentes sospechosos de actividad criminal, incluyendo violencia de pandillas y tráfico de drogas. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) reportó que el 31 de Julio, aproximadamente 20 oficiales de policía de Managua entraron a la fuerza a una casa, y golpearon y detuvieron a una persona que creían miembro de una pandilla; la víctima también sufrió quemaduras en su antebrazo derecho. Al finalizar el año no había información en relación a alguna investigación del incidente.  

Entre julio y diciembre hubo muchos casos de violencia de pandillas o de justicieros presuntamente orquestada por el gobierno, inclusive violentos ataques contra miembros de partidos políticos de oposición y la sociedad civil. Grupos de derechos humanos reportaron que autoridades del gobierno ordenaron a la PNN no interferir con actos justicieros, con resultado de que la policía no proporcionó la protección adecuada a los manifestantes, y no arrestó o detuvo a personas involucradas en la violencia de las turbas pro-gobierno.

El 30 de Julio una turba pro-gobierno atacó a un microbus conducido por Alberto Boschi, un candidato a alcalde por el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), quien llevaba a un grupo de jóvenes del MRS a una protesta contra el gobierno. Las autoridades más tarde arrestaron y enjuiciaron a Boschi por incitar un disturbio y lesionar a un periodista. Grupos de la sociedad civil alegaron que el arresto y juicio de Boschi tenía motivos políticos. Mientras su caso estaba en apelación, reportes indicaron que Boschi se escondió. Al finalizar el año se desconocía su paradero. 

Condiciones en las Cárceles y Celdas de Detención

Las condiciones en las cárceles continuaron deteriorándose debido a la anticuada infraestructura y al incremento de la población de prisioneros. El Ministerio de Gobernación reportó que durante el año las ocho prisiones del país, que fueron diseñadas para albergar a menos de 5,000 prisioneros, daban cabida a aproximadamente 6,500 prisioneros. Los prisioneros sufrieron por la sobrepoblación, parásitos, y atención médica inadecuada. Los prisioneros se quejaron sobre frecuente falta de alimentos, agua contaminada, y pobre higiene en sus celdas.  Familiares, iglesias, y organizaciones de caridad brindaron comida y atención médica a algunos prisioneros a fin de mitigar las duras condiciones en las prisiones.

Las condiciones en las cárceles también fueron duras. La mayoría de las cárceles y celdas de detención policial son viejas, infectadas de insectos, con deterioro físico, carecen de agua potable, y tienen inadecuados sistemas de ventilación, electricidad y aguas residuales. El gobierno construyó 24 nuevas celdas de detención a lo largo del sistema penitenciario; sin embargo, las condiciones en general continuaron siendo pobres.  Algunos detenidos murieron como resultado de las peligrosas condiciones en las celdas de detención, inclusive por maltrato de parte de otros prisioneros y oficiales de policía. El 29 de septiembre, Abel Antonio Ramírez Castellón murió mientras estaba bajo custodia policial en Sébaco, después de su arresto el 27 de septiembre. La policía alegó que Ramírez Castellón murió de asfixia cuando trato de pasar entre las barras de su celda. Una investigación de parte de la Oficina del Inspector General estaba pendiente al finalizar el año.   

Entre mayo y junio, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) condujo un estudio sobre el sistema penitenciario de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y la RAAS. El estudio concluyó que las condiciones de sobrepoblación, la falta de atención médica, y la prolongada retardación en el procesamiento de los casos de parte del gobierno violó los derechos humanos de los prisioneros. 

Los detenidos antes del juicio con frecuencia compartieron celdas con prisioneros convictos. Prisioneros juveniles también compartieron celdas con adultos. Los indiciados fueron con regularidad dejados en celdas de detención policial durante sus juicios pues el gobierno no destinó fondos para transportarlos a las cortes. Aunque las condiciones en las prisiones de mujeres fueron generalmente mejores que aquellas para los hombres, las prisiones de mujeres estuvieron sobrepobladas, antihigiénicas, y no tuvieron suficientes camas. La prisión de mujeres La Esperanza en Managua albergó a más de 200 mujeres, más del doble de su capacidad, con algunas prisioneras forzadas a dormir en baños.  Entre mayo y junio, autoridades penitenciarias evacuaron La Esperanza después de que un oficial de salud determinó que la fuente de agua de dichas instalaciones estaba contaminada. Durante la evacuación, las autoridades mantuvieron a las prisioneras temporalmente en la prisión de varones de Tipitapa.  

Aunque el gobierno generalmente permitió las visitas de observadores de derechos humanos nacionales e internacionales a las cárceles, en ciertos casos restringió el acceso a los visitantes, abogados, médicos, y funcionarios de derechos humanos. Grupos de la sociedad civil y miembros de los partidos políticos de oposición afirmaron que las autoridades les negaron el acceso a prisiones, evitaron que entrevistaran a detenidos, y no respondieron a sus solicitudes de información en relación a los prisioneros y al acceso a las prisiones. Algunas veces funcionarios del gobierno no permitieron el acceso a representantes de gobiernos extranjeros para reunirse con sus ciudadanos detenidos, y no permitieron el acceso de abogados a sus clientes. 
 
d. Arresto o Detención Arbitraria

La ley prohíbe el arresto o detención arbitraria, y el gobierno respetó estas prohibiciones, con algunas excepciones discutidas abajo.

Función de la Policía y las Fuerzas de Seguridad

El Presidente es el Comandante en Jefe de la PNN, la cual es administrada por el Ministerio de Gobernación. La PNN forma una fuerza única y unificada responsable de hacer cumplir la ley a lo largo del país. El ejército es responsable de la seguridad externa, pero también tiene algunas responsabilidades de seguridad interna, incluido el combate contra el tráfico de drogas. La PNN tiene 10,022 empleados aproximadamente, de los cuales 9,132 son oficiales de policía, 890 son civiles, y aproximadamente 1,500 policías voluntarios, quienes llenaron puestos vacantes. Las autoridades estimaron que la policía brindó protección consistente en solo un 75% del país. Debido a la falta de adecuada presencia policial en algunas áreas, los ciudadanos se encargaron de tomar la justicia en sus manos. 

El fracaso del gobierno en destinar los fondos adecuados obstaculizó los esfuerzos de la PNN para mejorar el desempeño de la policía, y resultó en la constante escasez de oficiales. Los bajos salarios crearon condiciones para que los oficiales de policía fueran susceptibles al soborno, corrupción, y tráfico de drogas. Muchos oficiales de la policía voluntaria carecieron de capacitación y profesionalismo al ejecutar la aplicación efectiva de la ley. La Oficina del Inspector General investigó y refirió los casos de corrupción de oficiales de bajo nivel al sistema judicial, y castigó a algunos oficiales con medidas administrativas internas. La retardación del sistema de justicia promovió la percepción pública de impunidad dentro de la fuerza policial.  

La Oficina de Asuntos Internos de la PNN es responsable de investigar los abusos de las fuerzas de seguridad. Durante el año, la Oficina de Asuntos Internos de la PNN investigó 2,027 casos de supuesta mala conducta policial, incluyendo 1,384 quejas de fuerza excesiva, cateos sin orden judicial, y uso ilegal de armas de fuego. De estos casos, 565 oficiales fueron castigados, incluyendo 40 que fueron dados de baja deshonrosa.  La Oficina de Asuntos Internos de la PNN determinó que de 2,027 quejas presentadas contra la policía, 67% fueron violaciones a los derechos humanos, 17% fueron actos de corrupción, y el restante 16% fueron ofensas comunes o infracciones menores. 
Las regulaciones de la PNN requieren que para graduarse de la academia de policía y ser oficiales, los aspirantes a policía reciban instrucción sobre derechos humanos, y que los oficiales de policía sean certificados nuevamente sobre derechos humanos cada año. La PNN reportó que durante el año la academia de policía capacitó a 1,383 oficiales y aspirantes sobre principios de derechos humanos. Las autoridades también impartieron cursos especializados sobre derechos humanos a otros 547 oficiales.  Adicionalmente, más de 400 oficiales de policía participaron en talleres de dos días de duración sobre prevención de violencia ofrecidos por el CEPREV. El ejército incluyó capacitación sobre derechos humanos en su currículo. 

Grupos de derechos humanos se quejaron de que el Presidente Ortega usó su posición de Comandante en Jefe para politizar los asuntos de la PNN. Estos grupos alegaron que el Presidente Ortega ordenó a la policía el uso de fuerza excesiva, incluyendo disparar balas de goma y bombas lacrimógenas contra manifestantes que no estaban amenazando a la policía, y en otras situaciones ordenó a la policía no interferir ante la intimidación de las turbas pro-gobierno a manifestantes pacíficos. Durante una marcha en León el 20 de septiembre, el Presidente ordenó a la policía no impedirles a las turbas pro-gobierno el uso de machetes, garrotes y morteros  para intimidar a los manifestantes de la oposición democrática. Posteriormente el Presidente Ortega públicamente llamó la atención a la policía anti-motines por usar gas lacrimógeno para proteger a los manifestantes de sus adversarios. El Presidente seguidamente despidió a nueve altos oficiales de policía en puestos clave, y los remplazó con oficiales fieles al FSLN. 

Arresto y Detención

Las personas son arrestadas abiertamente. La ley requiere que la policía obtenga una orden de captura de una autoridad judicial antes de arrestar a un sospechoso, y que notifique a sus familiares el paradero del detenido en un plazo de 24 horas. Por ley un fiscal debe acompañar al oficial de policía cuando ejecute el arresto. Los detenidos tienen el derecho a la asesoría de un abogado tan pronto como sean arrestados. La policía puede legalmente retener a un sospechoso por 48 horas antes de ponerlo a la orden del juez para decidir si se van a presentar cargos. El juez debe entonces ordenar su libertad o trasladarlo a la cárcel bajo prisión preventiva. En la práctica pocos prisioneros estuvieron detenidos por más tiempo del límite de las 48 horas. Después de las primeras 48 horas, el prisionero tiene acceso a fianza, a la visita de miembros de su familia, y a representación legal.
El 8 de julio, la policía arrestó y detuvo al Director de la CPDH Marcos Carmona sin presentar una orden de arresto o explicar los cargos en su contra. Ese mismo día las autoridades liberaron a Carmona y el 18 de agosto revocaron los cargos en su contra (ver sección 4).

El CENIDH reportó que el 27 de septiembre la policía entró por la fuerza en la casa de un residente de Managua, golpeó a la víctima en la cabeza, y lanzó su cuerpo contra el carro patrulla. Los oficiales de policía involucrados en el incidente según se afirma culparon al hijo de la víctima de robar uno de sus teléfonos celulares. Al finalizar el año no había información en relación a alguna investigación de parte de las autoridades sobre el caso.

La prolongada detención arbitraria antes de poner al sospechoso a la orden del juez fue un problema. El PNUD reportó que detenidos en la RAAN y RAAS esperaron un promedio de siete meses para que sus casos fuesen presentados formalmente ante un juez.

 Amnistía

Durante el año la Asamblea concedió amnistía a 135 ciudadanos. 

e. Denegación de un Juicio Público Imparcial

Aunque la ley establece que el poder judicial debe ser independiente, el sistema judicial se mantuvo susceptible a la corrupción y a la politización, y no funcionó independientemente. La Ley de Carrera Judicial requiere que los nuevos nombramientos judiciales sean examinados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ); sin embargo, los nombramientos judiciales fueron con frecuencia basados en nepotismo, influencia, o afiliación política. Una vez nombrados, muchos jueces fueron sujetos a presiones políticas y económicas que afectaron su independencia judicial.

El sistema judicial está compuesto de juzgados civiles y militares. La CSJ, integrada por 16 miembros, es el tribunal superior del sistema, administra el sistema judicial, y nomina a todos los magistrados de apelaciones y a los jueces de primera instancia. La CSJ está dividida en salas especializadas en asuntos administrativos, penales, constitucionales, y civiles. La ley exige que la Procuraduría investigue los delitos cometidos por y en contra de menores de edad. La Fiscalía, bajo el Ministerio Público, tiene la autoridad de investigar asuntos penales y civiles. 

La ley no permite que los juzgados militares juzguen a civiles, y el Código Militar requiere que el sistema de juzgados civiles juzgue a los militares acusados de delitos comunes.  Grupos de derechos humanos y de abogados denunciaron la retardación de justicia causada por la inacción judicial e impunidad, especialmente en relación a la violencia intrafamiliar y al abuso sexual. 

El 22 de agosto una corte reabrió un caso de 2005 y condenó al ex Ministro de Cultura, Padre Ernesto Cardenal, por injurias y calumnias contra Immanuel Zerger, ciudadano alemán que vive en el país. La corte emitió la condena después que el 15 de agosto el Padre Cardenal públicamente criticó al gobierno de Ortega durante la toma de posesión del nuevo Presidente paraguayo. Aunque la corte eximió al padre católico de 83 años de una sentencia de cárcel, congeló sus cuentas de banco para obligarlo a pagar una multa establecida por el veredicto. 

Procedimientos Judiciales

Los juicios son públicos, y la ley estipula que los acusados escojan si quieren un juicio por jurado. Los acusados tienen el derecho a demandar asesoría legal y se les presume inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. La ley dispone que los acusados indigentes estén representados por defensores públicos. Los acusados pueden confrontar y cuestionar a los testigos en su contra y tienen también el derecho de apelar una condena. La ley extiende estos derechos a todos los ciudadanos, independientemente del género, etnicidad, incapacidad u otra condición. Las cortes continuaron utilizando el código procesal napoleónico en algunos antiguos casos.

El país siguió careciendo de un sistema eficaz de derecho civil, y como resultado los litigantes particulares con frecuencia presentaron sus casos como denuncias penales para forzar a una de las partes a ceder en vez de enfrentar la posibilidad de ir a la cárcel. Esta carga de casos penales de índole civil continuó desviando los recursos de una fiscalía ya de por si recargada.
 
Presos y Detenidos Políticos

No hubo reportes de presos o detenidos políticos.


Procedimientos Civiles Judiciales y Recursos

La ley establece que las personas pueden presentar demandas por daños causados por violaciones a los derechos humanos ante las cortes civiles, y también permite a los litigantes resolver sus demandas civiles a través de la mediación. En la práctica, muchos miembros del poder judicial no emitieron sentencias imparciales en asuntos civiles, y no fueron independientes de influencias políticas u otras influencias. Como resultado de la ineficiencia burocrática, los litigantes que no pudieron resolver sus demandas a través de la mediación tuvieron que esperar meses o años para que los juzgados los resolvieran, incluyendo la aplicación de órdenes judiciales.

 Restitución de Propiedades

Líderes comunitarios en la RAAN y RAAS afirmaron que el Presidente Ortega ordenó a los jefes de la policía en estas regiones  ignorar órdenes judiciales para desalojar migrantes de la costa del Pacífico quienes ilegalmente invadieron y ocuparon tierras indígenas. 

f. Interferencia Arbitraria en la Privacidad, la Familia, y la Correspondencia 

La ley prohíbe estas acciones. Sin embargo, medios independientes, grupos de derechos humanos y partidos políticos de oposición alegaron que la administración de Ortega buscó obviar las diferencias entre partido y gobierno mediante el uso de Consejos de Poder Ciudadano (CPC) dirigidos por el FSLN. El gobierno administró comida subsidiada y otros beneficios del gobierno a través de los CPC. Otorgando a los CPC esta función, se dice que el gobierno forzó a los ciudadanos a afiliarse al FSLN. A las personas que buscaban obtener o retener un empleo en el sector público se les requería obtener una carta de recomendación de los encargados del CPC de su cuadra. Hubo reportes de que agencias del gobierno ordenaron que las personas que buscaban registrarse para votar y cedulas de identidad, necesitaban una carta de recomendación de los CPC.

Sección 2 Respeto por las Libertades Civiles, Incluidas: 

a. Libertad de Expresión y de Prensa

La Constitución establece la libertad de expresión y de prensa. Sin embargo, el gobierno usó medios administrativos, judiciales y financieros para limitar el ejercicio de estos derechos. Aunque la ley establece que el derecho a la información no puede ser sujeto a censura, también establece responsabilidad retroactiva, implicando la posibilidad de establecer sanciones por difamación y calumnia contra individuos y la prensa. Individuos no siempre pudieron criticar al gobierno libremente sin represalia, y algunas veces el gobierno intentó impedir la crítica.

El 27 de agosto el CSE presentó cargos contra una ONG extranjera y varios grupos locales de la sociedad civil, alegando que estas organizaciones inadecuadamente buscaron influenciar las elecciones municipales con la traída al país del ex Presidente de México Vicente Fox. El gobierno interpretó el discurso de Fox el 12 de agosto en Managua sobre democracia en Latinoamérica como una crítica a la administración Ortega. El Fiscal citó a los co-patrocinadores locales de la visita de Fox. Al finalizar el año el caso estaba ante la Corte Suprema.

Los medios de comunicación independientes fueron activos y expresaron una variedad de puntos de vista. Sin embargo, el gobierno buscó restringir la libertad de los medios mediante acoso, censura, aplicación arbitraria de las leyes de difamación, y el uso de justificaciones de seguridad nacional para evitar el reportaje.

A lo largo del año el Presidente Ortega criticó a los medios de comunicación independientes, incluso refiriéndose a ellos como “traidores” y “asesinos”. El gobierno y actores privados acosaron a medios por publicar reportajes críticos del gobierno.  El gobierno continuó dando tratamiento preferencial a organizaciones de medios fieles al partido FSLN, intimidando a medios y periodistas independientes hacia la auto-censura, y de otra manera impidiendo las actividades de los medios independientes. El Nuevo Diario reportó que durante el año el gobierno gastó aproximadamente C$40 millones de córdobas ($10 millones de dólares) en publicidad en varios medios, 80% de los cuales fueron hacia operadores amigos del gobierno.

El 9 de abril el Ministerio de Salud prohibió a un reportero de El Nuevo Diario entrar a las instalaciones del Ministerio, alegando que sus reportajes eran desfavorables al gobierno. 

El 17 de abril una corte falló a favor de cinco miembros de los CPC y declaró al presidente y editor de La Prensa culpable de difamación por publicar un artículo en diciembre de 2007 criticando la violencia de los CPC, pero sin publicar los nombres de ningún miembro de los CPC. El Nuevo Diario y organizaciones de medios afirmaron que la decisión de la corte era política y atentaba contra la libertad de expresión. La corte multó al jefe de edición con C$18,000 córdobas (aproximadamente $900 dólares) y al presidente con C$9,000 córdobas (aproximadamente $450 dólares). Al finalizar el año el caso estaba en apelación.

En julio el Presidente Ortega pidió al Procurador General explorar la posibilidad de presentar cargos por traición contra La Prensa por publicar artículos relacionados con el recibimiento del gobierno a miembros de la organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiana (FARC) durante la celebración del aniversario de la revolución el 19 de julio. El 29 de julio el Procurador General respondió que los medios deberían actuar responsablemente, pero no presentó cargos contra La Prensa.

El 4 de abril, el Canal 10 de televisión canceló el popular programa del comentarista político Jaime Arellano. Analistas de prensa alegaron que la decisión del Canal 10 fue basada en una especie de intercambio para que el gobierno emitiera una licencia de transmisión a la estación de televisión. El 7 de abril, Arellano pasó su programa de televisión al Canal 2. El 25 de agosto, dicha estación canceló el programa, según se reporta después que el gobierno amenazó con no renovar su licencia de transmisión.  La cancelación del programa se dio después de días de protestas públicas de los CPC contra Arellano.  Durante el año los CPC también protestaron frente a las instalaciones de otras organizaciones de medios que criticaron al gobierno. 

Estaciones de radio criticas del gobierno y otras reportaron incidentes de vandalismo y sabotaje, incluyendo robo del cableado de cobre y daño a equipos de transmisión. El 6 de abril y el 5 de junio, actores desconocidos dañaron las instalaciones de la opositora Radio 15 de septiembre, imposibilitando a la estación la transmisión por varios días. 

El acoso y la intimidación a los medios incrementaron sustancialmente después de las elecciones municipales de noviembre y el resultante malestar civil. A partir del 12 de noviembre, la Radio 15 de Septiembre y la independiente Radio Corporación no pudieron transmitir por tres semanas. Los directores de las estaciones afirmaron que el gobierno obstruyó sus señales.

El 16 de noviembre, turbas del FSLN bloquearon las carreteras hacia León y prohibieron a periodistas nacionales e internacionales la cobertura de una marcha programada por la oposición. 
El 18 de noviembre, partidarios del gobierno destruyeron las oficinas y equipo de la independiente Radio Darío en León, según se informa en venganza por la marcha pacifica de la oposición política ese mismo día. También el 8 de noviembre, turbas del FSLN quemaron un vehículo del noticiero del Canal 2 que llevaba reporteros a cubrir la protesta civil en Managua. 

Al finalizar el año no hubo reportes de alguna investigación de las amenazas anónimas de muerte contra el caricaturista político Manuel Guillén en diciembre de 2007.

Libertad en el Uso del Internet

El gobierno no restringió el acceso al Internet y no hubo reportes de que el gobierno monitoree el correo electrónico o los chatrooms. Individuos y grupos pudieron hacer uso del Internet para expresar pacíficamente sus opiniones, inclusive por correo electrónico. Acceso al Internet fue extensamente disponible solo en áreas urbanas. El Sindicato Internacional de Telecomunicaciones reportó que en 2007 había solo 2.7 usuarios por cada 100 habitantes. Los frecuentes cortes de energía eléctrica impidieron el acceso de los ciudadanos al Internet y al servicio de correo electrónico.    
      
Libertad Académica y Eventos Culturales
El gobierno no restringió los eventos culturales. Sin embargo, se dice que el gobierno buscó restringir la libertad académica poniendo presión sobre las universidades para la cancelación de eventos.

El 26 de junio la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) canceló una reunión programada entre dos candidatos políticos después que los estudiantes asociados con el FSLN protestaron por la presencia del candidato de oposición en la universidad.

El 22 de octubre, la Universidad Centroamericana (UCA) publicó los resultados de una encuesta revelando que la popularidad del gobierno central disminuía, y que el FSLN perdería en varias elecciones municipales clave. Ese mismo día la Primera Dama Rosario Murillo llamó a una conferencia de prensa de emergencia para denunciar la encuesta y a la facultad de la UCA. El 28 de octubre, simpatizantes del FSLN intentaron tomarse el campus de la UCA y amenazaron usar sus influencias para cancelar su derecho al 6% del presupuesto nacional debido a la publicación de los resultados de la encuesta el 22 de octubre.
b. Libertad de Reunión y Asociación Pacíficas

 Libertad de Reunión

La ley reconoce el derecho a reunirse públicamente, de manifestarse y movilizarse, pero exige que los manifestantes obtengan un permiso para realizar una manifestación o una marcha, para lo cual deben registrar ante la Policía los detalles del tamaño y ubicación de la actividad. Durante el periodo de campaña para las elecciones, el CSE debe autorizar marchas de los partidos políticos. Antes y después de las elecciones municipales del 9 de noviembre, el gobierno limitó estos derechos restringiendo espacios públicos donde grupos podían reunirse, oponiéndose a manifestaciones de grupos, y evitando  proteger a los manifestantes opositores. 

Después de marchas pro-democracia de la sociedad civil en junio y julio, grupos según se informa  pagados por los CPC continuamente ocuparon sin autorización legal las rotondas de Managua, en una campaña titulada “oración contra el odio--el amor es mas fuerte que el odio”. Estas ocupaciones limitaron los lugares de reunión pública durante la campaña para las elecciones municipales y hasta el fin de año.

El 25 de julio una turba de 30 CPC y miembros del partido FSLN en Managua, algunas portando machetes, golpearon e hirieron a Jaime Chavarría, candidato a Concejal Municipal y líder del movimiento Vamos con Eduardo, y a tres familiares, cuando éste intentaba verificar su elegibilidad para votar en las elecciones municipales de noviembre. La policía no protegió a Chavarría de la turba, y las autoridades no detuvieron o presentaron cargos contra nadie en relación al ataque. 

El 20 de septiembre turbas pro-gobierno bloquearon las principales carreteras de Managua y Chinandega hacia León y detuvieron una marcha de la sociedad civil previamente autorizada. Las turbas, que incluían al candidato a Alcalde de León del FSLN, atacaron buses, amenazaron a los marchistas y a la policía, hirieron a varios marchistas con machetes, quebraron ventanas de carros, y quemaron el vehículo de un líder opositor.  Al finalizar el año, en relación a la violencia, no hubo detenciones o cargos contra nadie. 

Turbas pro-gobierno limitaron cada vez más el derecho a reunión por varios días después de las elecciones municipales del 9 de noviembre. La turbas, sin control por la policía, usaron morteros caseros, machetes, garrotes, y otras armas improvisadas para intimidar a los protestantes opositores, y prohibieron el acceso a espacios públicos bloqueando calles sin autorización, con el uso de buses, camiones y quemando llantas. El 16 de noviembre, las turbas bloquearon el acceso a León para evitar la participación en marchas opositores en esa ciudad.  El 17 de noviembre, turbas bloquearon el acceso a una iglesia en Managua donde un líder opositor realizó una conferencia de prensa sobre los abusos ocurridos durante las elecciones. El 18 de noviembre, partidarios del gobierno limitaron el tráfico en Managua con el control de las más importantes calles de la ciudad.    

Libertad de Asociación

La ley brinda este derecho, incluyendo el derecho a organizarse o afiliarse a partidos políticos; sin embargo, en marzo el gobierno despojó a dos partidos políticos de su personería jurídica, y en febrero inhibió a los presidentes de dos partidos adicionales. El gobierno también usó medios judiciales y administrativos para acosar a otras organizaciones de la sociedad civil. (Ver sección 4). 
 
c. Libertad de Culto

La Constitución contempla la libertad de culto, y en la práctica el gobierno por lo general respetó este derecho.
 
Abusos Sociales y Discriminación

Hubo reportes de abusos sociales. En los días siguientes a las elecciones de noviembre, actores desconocidos profanaron y destruyeron estatuas de la Virgen María que el gobierno había instalado en lugares públicos durante su campaña de “oración contra el odio”. Grupos de la sociedad civil alegaron que estas estatuas fueron dañadas como resultado de la crítica de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica en relación al manejo de las elecciones de parte del gobierno.       

No hubo reportes de discriminación, inclusive actos anti-semíticos. La comunidad judía tuvo menos de 50 miembros.

Para una discusión más detallada, ver el Reporte Internacional de Libertad de Culto de 2007 en www.state.gov/g/drl/irf/rpt 
 

d.  Libertad de movilización, Personas Desplazadas Internamente, y Desnacionalizados

La ley contempla la libertad de movilización dentro del país y libertad para viajar y emigrar al extranjero, y el gobierno en la práctica generalmente respetó estos derechos. El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) mediante organizaciones humanitarias, como la Organización Internacional para las Migraciones, en brindar protección y asistencia a personas desplazadas internamente, refugiados, refugiados retornando al país, personas en busca de asilo, desnacionalizados, y otras personas de interés. 

La ley prohíbe el exilio forzado, y en la práctica no hubo reportes de que el gobierno lo haya usado.

El derecho de los ciudadanos a regresar al país no está establecido en la Constitución, pero en la práctica el gobierno no restringió el retorno de sus ciudadanos. No hubo reportes de violencia política contra ciudadanos retornando del exilio auto-impuesto durante la época de la guerra civil.  

Protección a Refugiados

La ley contempla disposiciones para otorgar asilo o condición de refugiado de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas de 1951 relativa a la Condición de Refugiados y su protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema para brindar protección a los refugiados. El 9 de julio, el gobierno implementó una nueva ley para los refugiados que establece una comisión de refugiados formal y brinda la base legal para otorgar estatus de refugiado. Durante el año el gobierno concedió asilo a Martha Pérez, Doris Tórrez y Nubia Calderón, ciudadanas colombianas y miembros de las FARC. El gobierno también otorgó estatus de “asilo seguro” a la ciudadana mexicana y miembro de las FARC Lucia Morett, quien al finalizar el año ya había regresado a México. 

En la práctica, el gobierno brindó protección contra la expulsión, o retorno de refugiados a un país donde sus vidas o su libertad estuvieran amenazadas. La nueva ley para los refugiados establece provisiones para regularizar el estatus legal de aproximadamente 6,000 salvadoreños que han vivido en el país desde las guerras civiles de los 80s. La nueva ley también renuncia a multas impuestas a personas que han estado en el país ilegalmente, y les ofrece un año partir del 9 de julio de 2008 para regularizar su estatus.
El Consejo de Iglesias Protestantes de Nicaragua, ONG ejecutora del ACNUR en el país, reportó que entre enero y agosto, 97 personas, principalmente de Somalia, Eritrea, y Etiopía, formalmente solicitaron y recibieron estatus de refugiados.  

Desnacionalizados

La ciudadanía se obtiene por nacimiento dentro del territorio (jus soli) o mediante un proceso formal de naturalización. El registro civil local normalmente registra nacimientos dentro del período de 12 meses, ante la presentación de un certificado médico o de bautismo; sin embargo, muchas personas, especialmente en áreas rurales, carecen de registro o certificado de nacimiento. La ONG Red de Información de los Derechos de los Niños estimó que más de 250,000 niños y adolescentes carecen de documentos legales. 

Las personas sin documentos de ciudadanía no fueron capaces de obtener una cédula, el documento de identificación nacional, y por lo tanto tuvieron dificultades para participar en la economía legal, realizar transacciones bancarias, o votar. Las personas sin cédula también fueron sujetas a otras restricciones en empleo, acceso a la justicia, y a la tenencia de tierra.  Mujeres y niños que carecían de documentos de ciudadanía fueron vulnerables a la explotación sexual de parte de traficantes. El gobierno no implementó efectivamente leyes y políticas para brindar a las personas la oportunidad de obtener documentos de nacionalidad de forma no discriminatoria. La campaña de una ONG “El Derecho a un Nombre e Identidad” trabajó sobre todo en la RAAN y RAAS para registrar certificados de nacimiento y distribuir cédulas. El gobierno no implementó efectivamente las leyes y políticas para otorgar a los ciudadanos viviendo fuera del país acceso a documentos de ciudadanía de forma no discriminatoria. Los medios de comunicación reportaron que el gobierno ilegalmente otorgó cedulas para fines políticos a personas que no eran ciudadanos del país. 

Sección 3  Respeto a los Derechos Políticos: El Derecho de los Ciudadanos a Cambiar su Gobierno

La ley contempla el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno de manera pacífica; sin embargo, en la práctica el gobierno restringió el ejercicio de ese derecho.
 

Elecciones y Participación Política

Organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales, la Iglesia Católica, y los medios de comunicación reportaron fraude generalizado, interferencia del gobierno, abusos, e irregularidades incluyendo violencia, intimidación, cierre prematuro de Juntas Receptoras de Votos, destrucción de boletas, y acreditación retrasada de fiscales de los partidos de oposición durante las elecciones municipales el 9 de noviembre.  El gobierno también excluyó a los fiscales de los partidos de oposición de la tabulación de los resultados finales. El gobierno no permitió que grupos de observadores internacionales creíbles monitorearan las elecciones. Organizaciones internacionales y locales solicitaron que el gobierno diera respuesta a las irregularidades, inclusive con el recuento de votos. Sin embargo, al finalizar el año el gobierno no había realizado un recuento, ni había abordado las irregularidades reportadas.     

Hubo reportes generalizados de manipulación del sistema electoral de parte del gobierno en las semanas que precedieron a las elecciones.  La manipulación incluyó el favorecer a partidarios del FSLN en la entrega de cédulas, contrario a lo establecido por la Ley Electoral, permitiendo que los partidarios del FSLN administraran el proceso de solicitud de identificación del votante. Las autoridades electorales retrasaron la acreditación de los fiscales de los partidos políticos de oposición para prohibirles que monitorearan la entrega del material electoral. 

Basado en su análisis del daño causado por el huracán Félix en septiembre de 2007, el gobierno indicó que no llevaría a cabo las elecciones municipales el 9 de noviembre en la RAAN. El 4 de abril, el CSE votó para posponer las elecciones hasta abril de 2009 en las municipalidades de Puerto cabezas, Prinzapolka, y Waspam, todas en la RAAN.  Después que incidentes violentos relacionados al anuncio estallaron en la RAAN, la Asamblea Nacional votó el 11 de junio la reprogramación de las elecciones para el 18 de enero de 2009 en las municipalidades da la RAAN Puerto Cabezas, Prinzapolka, Waspam, Rosita, Bonanza, Siuna, y Mulukukú. 

Hubo preocupación generalizada de que los dos principales partidos políticos, el FSLN y el PLC, controlaron y manipularon el sistema político. Partidos políticos minoritarios no pudieron operar sin restricciones o interferencia externa. El 20 de febrero el CSE retiró a los presidentes de la Alianza Liberal Nicaragüense y del partido de la Resistencia de Nicaragua, basados en que las elecciones de estos directivos se basó en decisiones erróneas de parte de los comités ejecutivos de sus respectivos partidos.

El 11 de junio, el CSE despojó al Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) y al Partido Conservador (PC) de su personería jurídica, excluyéndolos de participar en las elecciones por los próximos cuatro años, incluyendo las elecciones municipales del 9 de noviembre. El CSE afirmó que el MRS no cumplió con establecer, documentar, y registrar sus estructuras partidarias. El CSE argumentó que el PC no registró el número requerido de candidatos para las elecciones municipales de noviembre. El 21 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició una investigación sobre el despojo de la personería jurídica del MRS y PC por parte del gobierno.

Hubo reportes fidedignos de que la membresía del FSLN otorgó ventajas económicas a individuos y sus familias, incluidas cartas de recomendación de los CPC requeridas para obtener empleo en el gobierno, y que los empleados del gobierno fueron obligados a participar en las actividades de los CPC. Partidos de oposición también se quejaron de que el gobierno permitió al FSLN manipular el proceso de solicitud de cédulas de identidad, y que el gobierno intencionalmente retuvo cédulas de simpatizantes de partidos de oposición.

Hay 17 mujeres diputadas de los 92 miembros de la Asamblea Nacional, cuatro mujeres de 16 magistrados en la Corte Suprema, y cinco mujeres de los 13 puestos del Gabinete. Cinco personas de grupos indígenas y étnicos de la RAAN y la RAAS son Diputados ante la Asamblea Nacional.

 Corrupción Gubernamental y Transparencia

La ley penaliza la corrupción en el estado. Sin embargo, el gobierno no implementó la ley efectivamente, y funcionarios con frecuencia se involucraron en prácticas de corrupción con impunidad. Hubo una generalizada percepción pública de corrupción en muchas instituciones del gobierno, particularmente en el sistema judicial, la Asamblea Nacional, el CSE, la Contraloría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), y la Oficina del Fiscal General. El 7 de febrero, las autoridades cerraron la investigación de 2006 sobre Omar Cabezas, Procurador de los Derechos Humanos, por usar fondos del gobierno para beneficio personal, pero no publicó un reporte sobre los resultados de la investigación. El 13 de octubre, Lino Hernández, funcionario de la Contraloría General, anunció que su oficina emitiría sanciones penales contra Cabezas. El 17 de octubre, Cabezas apeló la decisión del Contralor. Al finalizar el año no había ningún avance en el caso.

Los funcionarios públicos están sujetos a leyes que establecen la obligación de presentar una declaración de probidad, y la Contraloría es responsable de la lucha contra la corrupción en el gobierno. Sin embargo, el 23 de septiembre Luis Ángel Montenegro, Contralor General, indicó que ningún funcionario del gobierno había sido castigado por corrupción durante la administración del Presidente Ortega porque era un “gobierno sin corrupción”.  

Al finalizar el año el gobierno no había establecido una oficina de coordinación para la Ley de Acceso a la Información.  Los Periodistas reportaron dificultades sustanciales en la obtención de información solicitada a instituciones del Estado basados en esta ley; incluyendo información relacionada a las elecciones del 9 de noviembre. 

Sección 4 Actitud del Gobierno en Relación a las Investigaciones Internacionales o de Instituciones No Gubernamentales de Supuestas Violaciones a los Derechos Humanos 

Una amplia variedad de grupos locales e internacionales de derechos humanos operaron en el país. Organizaciones de la sociedad civil centradas en actividades humanitarias generalmente funcionaron sin restricción de parte del gobierno. Sin embargo, funcionarios del gobierno acosaron e intimidaron a ONGs nacionales e internacionales que criticaron al gobierno, a los CPC, o al FSLN. Durante el año el gobierno continuó realizando auditorías financieras y otras investigaciones a ONGs. Organizaciones de la sociedad civil reportaron una creciente confrontación por parte del gobierno con ONGs debido a su independencia y autonomía con respecto a las instituciones gubernamentales y a los esfuerzos del gobierno por crear condiciones adversas y una “cultura de miedo” para suprimir las críticas de las ONGs al gobierno.  

El 24 de septiembre el Ministerio de Gobernación inició una investigación a 17 prominentes organizaciones de la sociedad civil acusadas por el gobierno de lavar dinero de donantes internacionales. Como resultado de la investigación, el gobierno congeló activos, realizó auditorías fiscales, y disolvió estas ONGs durante el proceso judicial en su contra. La publicación del gobierno El 19 publicó historias alegando que estas ONGs trataron de subvertir al gobierno. La publicación brindó los nombres, direcciones, y números telefónicos de los directores de estos grupos.   

Otras organizaciones locales de derechos humanos reportaron el incremento de problemas cuando se presentó una petición en los juzgados y consideraron que las autoridades fiscales y de la Contraloría auditaron sus cuentas como forma de intimidación.  Algunas organizaciones de derechos humanos reportaron cada vez más problemas en la programación de reuniones y al obtener información del gobierno y del Procurador de Derechos Humanos.  

Varios grupos de defensa de los derechos de la mujer y otras ONGs reportaron que funcionarios del gobierno los amenazaron y buscaron desacreditarlos y disolver sus organizaciones. El 8 de julio la policía arrestó sin una orden para ello a Marcos Carmona, Presidente de CPDH, en su casa de habitación, y lo detuvo por varias horas por supuesta agresión en 2007 a dos oficiales de policía. Carmona no vio la orden de arresto hasta que la policía la presentó durante una conferencia de prensa más tarde el mismo día. El 6 de agosto las autoridades juzgaron a Carmona pero lo absolvieron de todos los cargos el 18 de agosto. Los medios reportaron el arresto y juicio de Carmona como parte de la campaña de intimidación del gobierno contra la sociedad civil y grupos de oposición.

El 27 de septiembre Vilma Núñez, Presidenta del CENIDH, reportó a la prensa que el 26 de septiembre supuestos simpatizantes de Ortega cometieron actos vandálicos en contra de su casa en León y enviaron amenazas de muerte. Durante el año, empleados de la CPDH y el CENIDH y sus familias reportaron amenazas de muerte anónimas, incluyendo mensajes de texto acusándolos de ser agentes de la CIA. Ambas organizaciones reportaron que los medios del gobierno Canal 4, Radio Ya, y el periódico El 19 condujeron una campaña de descalificación en contra de ellos.

ONGs se quejaron de que el gobierno continuó marginando a organizaciones de la sociedad civil no afiliadas al FSLN de participar en programas sociales del gobierno como Hambre Cero, y Usura Cero.

El 17 de septiembre Sofía Montenegro, Presidenta del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), reportó que actores desconocidos hicieron amenazas de muerte verbales contra ella y enviaron mensajes de texto con su foto con el subtítulo “agente de la CIA”. El 20 de septiembre mientras ella participaba en una marcha pacífica en León interrumpida violentamente por partidarios de Ortega, actores desconocidos amenazaron la vida de Montenegro a plena vista de oficiales de policía que no le ofrecieron ayuda. Al finalizar el año no había información disponible sobre alguna investigación de las amenazas a Montenegro.

El Ministerio Público continuó con su investigación de noviembre de 2007 contra nueve prominentes mujeres defensoras de los derechos de la mujer quienes habían brindado servicios sociales y legales a víctimas de abuso sexual. ONGs se quejaron de que el Ministerio lanzó la investigación para intimidar a las defensoras de los derechos de la mujer y miembros del MRS.

El gobierno generalmente cooperó con organizaciones internacionales y permitió visitas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y otros representantes de Naciones Unidas. 

ONGs de derechos humanos y exfuncionarios de la Procuraduría afirmaron que el Procurador estaba politizado, influido por intereses partidarios, y que carecía de independencia para cumplir su mandato. El 23 de septiembre Omar Cabezas, Procurador de Derechos Humanos públicamente llamó al Director de Human Rights Watch, José Vivanco, criminal y fascista, debido al reporte crítico de Vivanco sobre Venezuela. Al finalizar el año la PDDH no había emitido su reporte anual a la Asamblea Nacional, pero hizo recomendaciones relacionadas a personas con discapacidades en prisión. Hubo una mínima respuesta del gobierno a las recomendaciones de la PDDH.

La Asamblea Nacional operó un comité de derechos humanos que se centró primariamente en amnistías y perdones. La sociedad civil consideró al comité poco creíble y controlado por fuerzas partidarias.

Sección 5 Discriminación, Abusos Sociales y Trata de Personas

La ley prohíbe la discriminación por razones de raza, género, incapacidad, idioma, o condición social. En la práctica, el gobierno con frecuencia no aplicó estas protecciones legales, y las víctimas entablaron muy pocos litigios o denuncias formales. Hubo reportes de abusos sociales y discriminación contra personas de descendencia afro-caribeña, comunidades indígenas, homosexuales, y personas con VIH/SIDA.
 
La Mujer

La ley penaliza todas las formas de violación, independientemente de la relación entre la víctima y el acusado, y el gobierno generalmente hizo cumplir la ley. Las mujeres pueden aplicar la ley contra sus esposos. Sin embargo, muchas mujeres vacilaron en reportar el abuso o presentar cargos debido al estigma social inherente a la violación, el miedo a la venganza, y la pérdida de la seguridad económica. Hasta diciembre las Comisarías de la Mujer de la PNN reportaron 3,482 casos de crímenes sexuales, incluyendo 1,289 casos de violación, 47 casos de violación agravada, 92 casos de intento de violación, y 704 casos de estupro. No hubo estadísticas confiables en relación al número de procesos o condenas por violación. ONG’s que trabajan por los derechos de la mujer reportaron que al menos 12 victimarios fueron absueltos de todos los cargos, aunque la fiscalía presentó amplia evidencia y testigos de sus crímenes.

El 26 de septiembre la oficina del Procurador General publicó una carta de Zoilamérica Narváez, en la que Narváez anunció que debido a la preocupación por el bienestar de su familia, y el uso de su caso para fines políticos durante las elecciones, ella había retirado su petición de 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que alegaba que su padrastro, el Presidente Daniel Ortega, la había violado en los años 80s.

La ley penaliza la violencia intrafamiliar y contempla hasta seis años de prisión para aquellos encontrados culpables. La ley también establece la emisión de órdenes de restricción para proteger a aquellas mujeres que teman por su seguridad. ONGs indicaron que la ley fue aplicada selectivamente. El abuso conyugal fue generalizado y menos denunciado. El Instituto de Medicina Forense de la Corte Suprema de Justicia reportó que hubo 11,184 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 52% fueron entre cónyuges, y aproximadamente un 4% implicó violencia doméstica contra niños. La Procuradora Especial para la Mujer de la PDDH reportó que más mujeres fueron violentamente asesinadas durante los primeros seis meses del año que en el mismo período en 2007. La policía reportó un incremento del 25% en las denuncias de quejas basadas en género y violencia intrafamiliar durante los primeros seis meses del año comparado al mismo período en 2007.    

La Comisionada de Policía Aminta Granera requirió que los oficiales de policía completaran una capacitación patrocinada por el CEPREV y otras ONGs para mejorar la capacidad de la policía de tratar con casos de violencia intrafamiliar. La PNN continuó con la campaña para sensibilizar al público acerca de la violencia intrafamiliar y ayudar a las víctimas del abuso doméstico. Los reportes de violencia contra la mujer continuaron incrementando, aumento que podría ser atribuido a un mayor deseo del público de denunciar los casos ante las autoridades.  Principalmente debido a actitudes culturales, la impunidad en relación a la violencia contra la mujer siguió siendo un problema. La ley requiere que las mujeres víctimas de delitos sexuales se sometan a un examen médico hecho por los especialistas forenses de la Corte Suprema de Justicia antes de proceder con una acción legal en contra de los victimarios. La falta de  médicos forenses del sexo femenino impidió que las mujeres tomaran acción legal contra los abusadores sexuales. El abuso sexual y la violación de niñas adolescentes continuaron, incluyendo los casos relacionados con incesto. 

No hay albergues administrados por el gobierno dedicados a mujeres víctimas de violencia y otras formas de abuso. La Red de Mujeres Contra la Violencia administró los únicos tres albergues en el país que fueron designados solamente para atender a mujeres.  

Hay 32 Comisarías de la Mujer funcionando a lo largo del país.   Las comisarías proporcionaron asistencia social y legal a mujeres, mediaron en conflictos conyugales, investigaron y ayudaron a procesar denuncias criminales, y remitieron víctimas a otras agencias de asistencias tanto gubernamentales como no gubernamentales. Aunque éstas intensificaron las campañas de sensibilización pública para motivar a las mujeres a reportar abuso conyugal y otras formas de violencia, las comisarías carecieron del equipo esencial y de fondos para desempeñar adecuadamente sus responsabilidades. En diciembre de 2007 el gobierno inició una campaña para involucrar a todos los miembros de la familia en el combate contra la violencia doméstica, y en los siguientes seis meses el número de casos reportados se incrementó en un 96% comparado al mismo período en 2007.

La prostitución legal para personas de 14 años o más, fue común, aunque la ley prohíba promoverla, e incluso procurarla facilitarla. En Managua la mayoría de las prostitutas trabajaban en las calles, clubes nocturnos y bares, o en salas de masajes. La ley impone una pena de cinco a siete años de prisión a delincuentes convictos por turismo sexual. La PNN no reportó casos de turismo sexual durante el año.

La ley prohíbe el acoso sexual, y aquellos que sean convictos enfrentan una condena de uno a tres años de cárcel, o de tres a cinco años de cárcel cuando la víctima es menor de 18 años. Las Comisarías de la Mujer de la PNN reportaron 375 casos de acoso durante el año. La Red de Mujeres Contra la Violencia reportó que la ley fue raramente aplicada y que las estadísticas policiales sobre acoso sexual no reflejaban en su totalidad el alcance del problema.

La ley establece que las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres, incluso en relación a la familia y a los derechos de propiedad. La Oficina de la Superintendencia de la Mujer en la PNN está a cargo de aplicar la ley para proteger a las mujeres. En la práctica las autoridades con frecuencia discriminaron en asuntos de propiedad contra mujeres pobres que no tenían certificado de nacimiento o cédulas de identidad. La oficina de la Procuradora Especial de la Mujer de la PDDH y el Instituto Nicaragüense de la Mujer son las principales entidades gubernamentales encargadas de garantizar los derechos legales de las mujeres. Sin embargo, su efectividad fue limitada.    
  
La Niñez

Aunque el gobierno públicamente expresó su compromiso con los derechos humanos y el bienestar de la niñez, no desarrolló políticas nacionales ni coordinó efectivamente con ONGs nacionales e internacionales para tratar los asuntos de la niñez. 

El gobierno no registró inmediatamente los nacimientos, y como resultado muchos niños y adolescentes carecen de certificados de nacimiento, no están registrados en los registros civiles de la nación, carecen de identidad legal, se les negó acceso a servicios públicos, y tuvieron que trabajar o pedir limosna en la calle (ver sección 2.d.).    

La violencia contra la niñez continuó siendo un problema significativo. El CEPREV reportó que, como en el año anterior, una de cada tres niñas y uno de cada cinco niños habían sido víctimas de abuso sexual. Un estudio de una Clínica Forense en Estelí reveló que el 87% de las víctimas de violaciones, crímenes sexuales y abuso eran niños. Las ONGs reportaron un incremento en el matrimonio forzado entre niñas y hombres mayores. No hubo información disponible en relación a los esfuerzos del gobierno para combatir el problema. 

La prostitución infantil continuó siendo un problema. La ley permite que los adolescentes de 14 años o más se involucren en prostitución. El país fue un destino para turismo sexual con niños, principalmente en Granada y Managua; sin embargo, no hubo casos reportados durante el año.

El 21 de septiembre la Primera Dama Rosario Murillo develó el programa gubernamental Amor a fin de sacar a 25,000 niños de las calles, y de centros de protección de niños en Managua.  El programa creó Centros de Desarrollo Infantil (CDI) para permitir a los padres poder mantener a sus familias y mejorar sus circunstancias económicas, a la vez promoviendo hogares sustitutos para niños huérfanos.      

Los medios de comunicación reportaron que niños viviendo en los centros de protección de la niñez del Ministerio de la Familia fueron sexual, física, y emocionalmente abusados por el personal. Al finalizar el año el Ministerio de la Familia no había conducido una investigación formal basada en el reporte de la PDDH de 2007, que caracterizaba las condiciones de los niños en los centros de protección del gobierno como “condiciones similares a las de cárceles”.

 Trata de Personas

La ley prohíbe la trata de personas para fines de explotación sexual forzada, pero no identifica la explotación laboral forzada como trata. Hubo reportes de personas que fueron tratadas desde, a través, y dentro del país.

El gobierno reportó que el país fue principalmente un país de origen y tránsito para la trata de personas. La oficina de Auxilio Judicial de la policía reportó durante el año 13 casos de trata que involucraron a 24 víctimas. De estos casos, 10 resultaron en convicciones, dos estaban bajo investigación, y un caso se cerró por falta de evidencia.

Las ONGs reportaron que la trata de personas fue un problema serio y creciente en el país. El país fue una fuente de mujeres y niños tratados para la explotación sexual, especialmente hacia áreas turísticas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Las víctimas fueron también traficadas internamente, principalmente de las áreas más pobres de Managua. La trata de personas con fines de explotación laboral también ocurrió.          
 
La Pobreza, analfabetismo, falta de oportunidades económicas, puntos ciegos en las fronteras, y vastas áreas de territorio escasamente poblados en la RAAN y RAAS contribuyeron a hacer del país una fuente principal de víctimas de trata de personas en la región centroamericana.

Las personas tratadas desde el país hacia destinos en el extranjero fueron usualmente mujeres jóvenes y niñas de áreas rurales y vecindarios pobres en centros urbanos o poblados fronterizos. Los principales grupos de riesgo fueron niños y mujeres jóvenes sin educación de áreas rurales pobres; víctimas de abuso doméstico y violencia sexual; y personas que carecían de documentos de identificación legales requeridos para personas mayores de 16 años. Mujeres jóvenes de áreas pobres de Managua y poblados fronterizos corrieron el mayor riesgo de tráfico interno e internacional. Los tratantes reclutaron niños varones indocumentados para trabajar como trabajadores sin pago en fincas en Costa Rica.

La Oficina del Procurador Especial para la Niñez y la Adolescencia, otras agencias del gobierno, y ONGs reportaron que los tratantes incluían a miembros del crimen organizado, redes de taxistas, operaciones familiares, personas operando burdeles, y ex víctimas de prostitución. Los tratantes usaron clubes nocturnos, salas de masaje, hoteles, burdeles, y restaurantes para reclutar y engañar a sus víctimas.  Los tratantes sedujeron a personas que carecían de cédulas (documento de identidad nacional) con la promesa de documentos de viaje apropiados.

Muchas víctimas de trata usaron procedimientos migratorios legales. Los tratantes algunas veces utilizaron los requisitos mínimos de documentación entre El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras para transportar a las víctimas nicaragüenses a través de los puertos oficiales de entrada. Los tratantes también se aprovecharon del bajo costo de la falsificación de documentos migratorios para traficar a las víctimas entre países. La ONG Casa Alianza reportó que los traficantes no necesitaron usar métodos clandestinos para transportar a las víctimas pues fueron capaces de operar libremente dentro del país usando servicios regulares de transporte público y privado. 

La trata por explotación sexual implica una sentencia de 4 a 10 años de cárcel. La pena máxima es aplicada en contra de los responsables cuando la víctima es casada, es menor de 14 años, o vive como concubina con el traficante. No existe pena por intento de trata. La trata por explotación laboral no es penalizada, y las leyes en contra de la explotación sexual comercial de menores no protegen a todos los adolescentes menores de 18 años. La falla  del gobierno en asignar recursos adecuados, la lentitud de la reforma de ley, la corrupción judicial, la falta de controles migratorios en las fronteras, y los inadecuados esfuerzos de coordinación de parte del gobierno limitaron los esfuerzos gubernamentales en la lucha contra la trata de personas. 

No hubo información disponible sobre los avances de la investigación de dos supuestos tratantes detenidos en diciembre de 2007 en el aeropuerto de Managua mientras trataban de montar a niños sin compañía en un avión rumbo a Atlanta, Georgia.

El 31 de marzo la policía paró a un bus que transportaba ilegalmente a 80 niños de Sandy Bay en la RAAN a un lugar en Managua. El 1ro de abril la Procuradora Especial para la Niñez y la Adolescencia acusó a Delayda Wilson, funcionaria del Ministerio de la Familia de la RAAN, Reynaldo Francis, Gobernador Regional de la RAAN, Bayardo Rosales, Comisionado de Policía de Puerto Cabezas, y Elizabeth Enríquez, Alcaldesa de Puerto Cabezas, por los cargos de secuestro y violación de los derechos humanos de los niños. La Ministra de la Familia indicó que ella no había autorizado el traslado. Las autoridades retornaron a los niños a Sandy Bay el 1ro de abril, pero no se presentaron cargos contra los funcionarios de gobierno de la RAAN.

El Ministerio Público es responsable de procesar los casos de trata de personas. El Ministerio de Gobernación tiene la responsabilidad primaria de combatir la trata mediante la Coalición Nacional Contra la Trata de Personas, la cual coordina los esfuerzos con 16 Ministerios y agencias de gobierno autónomas, y con organizaciones nacionales e internacionales.  El gobierno trabajó con la OIM, Casa Alianza Nicaragua, y Save the Children para investigar casos de trata y proteger a las víctimas. La Unidad de Auxilio Judicial de la policía se ocupa de las denuncias de trata.

Las ONGs reportaron que el gobierno no cooperó o apoyó investigaciones internacionales contra la trata. La ley no permite al gobierno extraditar ciudadanos nicaragüenses a otros países, independientemente del delito.

El gobierno no destinó recursos suficientes para identificar víctimas y no proporcionó acceso efectivo de las víctimas a los recursos legales. Los jueces con frecuencia trataron a las víctimas como cómplices de los casos de trata. Un prolongado proceso de audiencias impidió que algunas víctimas sometieran los casos. Las ONG's asumieron la mayoría  de los esfuerzos para reintegrar a la víctima a la sociedad. Casa Alianza operó los únicos dos albergues en Managua para víctimas de trata. 

Los Ministerios de la Familia y de Gobernación continuaron colaborando con las organizaciones de la sociedad civil para promover una campaña de sensibilización pública contra la trata de personas. Trabajadores sociales, abogados, y trabajadores de la salud habilitaron una línea de emergencia disponible las 24 horas del día para estimular el reporte de incidentes de trata; sin embargo, se dice que la coordinación inadecuada con la policía minó la efectividad de la línea de emergencia. El Ministerio de Gobernación reportó que la PNN continuó esforzándose para combatir y prevenir la trata de personas mediante la interrupción de operaciones, incremento de la presencia de la policía, y control de las salas de masaje, clubes nocturnos, y otros lugares sospechosos de actividad de trata de personas. El Ministerio de Gobernación, la Dirección de Migración y Extranjería, y la Coalición Nacional Contra la Trata de Personas presentaron anuncios de sensibilización pública en los puntos de salida del país para advertir a la gente viajando fuera del país sobre los riesgos de la trata humana, y proporcionó instrucciones sobre la prevención, protección, y reporte de los delitos de trata.

El Reporte Anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado puede encontrarse en www.state.gov/g/tip

Personas con Discapacidades

La ley prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades físicas o mentales, pero en la práctica esta discriminación fue muy común en empleos, educación, acceso a cuidados de salud, y en la provisión de servicios por parte del Estado. El gobierno no hizo cumplir efectivamente las disposiciones relacionadas con la protección de personas con discapacidades, y no exigió que los edificios tengan ofrezcan accesos para las personas con discapacidades. El 16 de septiembre, la ONG Mujer sin Discapacidades llamó a un foro a fin de aumentar el conocimiento sobre la discriminación experimentada por sus miembros en el empleo, acceso al crédito, y la educación. El 30 de septiembre, el Procurador Especial de Personas con Discapacidad publicó un estudio reportando que más del 80% de los edificios del sistema de salud pública carecían de rótulos en braille, intérpretes para sordos, o rampas de acceso o baños para acomodar a personas en sillas de ruedas.

El Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos reportó en un estudio de 2003, el más reciente a la disposición, que aproximadamente el 10% de la población tenía algún tipo de discapacidad, de los cuales pocos recibieron tratamiento médico adecuado. Las clínicas y hospitales del gobierno brindaron atención a veteranos de guerra y a otras personas con discapacidades, pero generalmente la calidad de la atención fue pobre. El gobierno continuó una campaña de relaciones públicas centrada en una mayor integración de las personas con discapacidades a la sociedad. El Ministerio de la Familia es responsable de la protección y progreso de los derechos de las personas con discapacidades.

El 24 de abril, una corte sentenció a un maestro de Estelí a 18 años de prisión en uno de los cuatro casos de abuso a niños con discapacidades en agosto de 2007. Al finalizar el año no había información disponible sobre el estatus de los otros tres casos. 

Minorías Nacionales/Raciales/Étnicas

Varios grupos indígenas y étnicos de la RAAN y RAAS atribuyeron la falta de recursos gubernamentales asignados a la Costa Atlántica a actitudes discriminatorias hacia las minorías étnicas, raciales y religiosas que predominan en esas regiones. En comparación con el resto del país, la conformación racial de la RAAS y la RAAN tiende a ser negra y amerindia.

El tratamiento de exclusión basado en raza, color de piel, y etnicidad fue común, especialmente en áreas urbanas de más alto nivel económico. Personas con la piel más oscura de descendencia africana de la RAAN o la RAAS, y extranjeros que se presumió eran de esa región, experimentaron discriminación social en el interior y en la zona del pacífico, y fueron negados el acceso a clubes privados y restaurantes en Managua. Personas de piel oscura afirmaron que las autoridades del aeropuerto de Managua los seleccionaron para aplicarles medidas adicionales de seguridad y que la policía los detuvo para catearlos ilegalmente. No hubo información disponible sobre esfuerzos del gobierno para abordar la discriminación basada en el color de la piel, raza, u origen étnico.

Indígenas 

Los pueblos indígenas constituyen alrededor del 5% de la población del país, y viven sobre todo en la RAAN y la RAAS. Los cinco principales grupos indígenas identificables son los Miskitos, Sumos, Garífunas de origen afro-indio-americano, los Mayagna, y los Rama. Estos grupos alegaron discriminación de parte del gobierno en la forma de falta de representación en el poder legislativo. Por ejemplo, la RAAN y la RAAS tienen el mismo tamaño de población que el Departamento de León y Masaya, pero solo tenían cinco representantes comparado a 10 por León y Masaya.

La mayoría de la población indígena en las áreas rurales no tuvo acceso a servicios modernos de atención en salud, y el deterioro de los caminos hizo casi imposible el acceso a la medicina y a la atención de salud para muchas comunidades. Las tasas de desempleo, analfabetismo, y ausentismo de niños en edad escolar estuvieron entre las más altas del país. En su reporte de 2008, el Comité de las Naciones Unidades para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) notó la persistencia de estereotipos raciales en el país y la falta de acceso a los servicios de salud en la RAAN. El CERD solicitó que el gobierno desarrolle una estrategia nacional para combatir el racismo y forje una nueva relación con las comunidades indígenas y de minorías étnicas. 

Las organizaciones de derechos humanos y los grupos de derechos indígenas se quejaron de que el gobierno no protegió los derechos civiles y políticos de las comunidades indígenas, incluyendo su derecho a la tierra, a los recursos naturales, y a la autonomía local. El 7 de diciembre, líderes de la comunidad Rama demandaron al gobierno por retrasar ilegalmente por más de un año la titulación de tierras en la RAAS. El 18 de diciembre la oficina del gobierno responsable de atender los reclamos de titulación emitió títulos a una comunidad Mayagna en Awas Tingni. Lideres Miskitos, Ramas y Mayagnas reclamaron que el gobierno los discriminó por no haber proveído intérpretes para los casos judiciales, o traducciones de los documentos del gobierno a sus lenguas nativas.   

No hubo nuevos avances, y ninguno se esperaba, sobre la demanda que la CPDH presentó en 2006 ante la Corte Suprema de Justicia en nombre de la comunidad indígena Miskita en relación a la  Operación Navidad Roja y otros abusos a los derechos humanos cometidos en los años 80s por el entonces Presidente Daniel Ortega y otros altos funcionarios sandinistas.

El 25 de septiembre Hernán Estrada, Procurador General de la República, presentó un cheque por C$2,227,500 córdobas (aproximadamente $111,425 dólares) a Brooklyn Rivera, líder de Yatama, en respuesta a la solicitud de la CIDH al gobierno de indemnizar a la organización indígena Yatama por excluirlos de participar en las elecciones municipales de 2004.  

Aunque la ley obliga al gobierno a consultar con los indígenas sobre la explotación de los recursos en sus áreas, algunas comunidades indígenas continuaron quejándose de que las autoridades del gobierno excluían a los indígenas de la RAAN y RAAS de participar significativamente en la toma de decisiones que afectan sus tierras, culturas, tradiciones, y ubicación de sus recursos naturales. Los representantes de las regiones autónomas y de las comunidades indígenas frecuentemente reclamaron al gobierno, a los medios de comunicación, y ONGs, que el gobierno falló al no invertir en infraestructura en esas regiones.

Grupos de la sociedad civil representando a las comunidades indígenas de la RAAN continuaron solicitando que la Asamblea Nacional y la Presidencia establezcan una comisión gubernamental para investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos relacionadas a la respuesta del gobierno ante el huracán Félix en septiembre de 2007. 

Otros Abusos Sociales y Discriminación

Aunque la orientación sexual no es específicamente mencionada, la constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley, y tienen derecho a la protección por igual. El nuevo Código Penal, implementado en junio, revocó las penas relacionadas con las relaciones entre personas del mismo sexo.  Sin embargo, personas homosexuales continuaron enfrentando discriminación generalizada y abusos a los derechos humanos basados en su orientación sexual. Activistas de los derechos de homosexuales reportaron que el Ministerio Público recibió al menos 10 quejas durante el año, alegando que instituciones educativas y de salud discriminaron a las personas por su orientación sexual.   

La ley prevé protecciones específicas para personas con VIH/SIDA a fin de contrarrestar la discriminación en el empleo y en los servicios de salud. Sin embargo, personas con VIH/SIDA continuaron sufriendo discriminación social por razones de orientación sexual, o por su supuesta condición como portador del VIH/SIDA. Varias ONGs trabajaron en la educación de la comunidad sobre asuntos de discriminación por VIH/SIDA. Las comunidades con frecuencia estigmatizaron a personas portadoras del virus, y en general hubo falta de conocimiento y educación entre el público y profesionales de la salud sobre prevención, tratamiento, y transmisión del VIH/SIDA.

El 30 de junio el Ministerio Público anunció que iba a presentar cargos contra las profesionales de la salud Martha Zúniga Trujillo, Amelia Membreño, y Meyling Castro Úbeda por presuntamente mal diagnosticar a María Josefa Rivera Castro como que tenía SIDA en 2001 publicando el diagnostico errado.  Al finalizar el año un juez estaba revisando el caso.

Sección 6 Derechos Laborales

a. El Derecho de Asociación 

La ley establece el derecho de todos los trabajadores del sector público y privado, con la excepción de aquellos que pertenezcan al Ejército o la Policía, a organizarse voluntariamente en sindicatos independientes de su elección. En la práctica los trabajadores ejercieron este derecho. No es obligatorio para los trabajadores notificar con anticipación al empleador o al Ministerio del Trabajo (MITRAB) sus intenciones de organizar un sindicato. La fuerza laboral sindicalizada representó aproximadamente un 4.5% del total de la fuerza de trabajo de entre 15 y 60 años de edad. En general los sindicatos estaban aliados a partidos políticos.

El 15 de noviembre, en el Centro de Salud José Ruiz de El Viejo, Chinandega, la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD), patrocinada por el gobierno, y el MITRAB impidieron que trabajadores del centro formaran un sindicato. Los trabajadores eran ya miembros de FETSALUD pero decidieron formar un sindicato independiente. Los trabajadores alegaron que cuando presentaron su solicitud de registro del nuevo sindicato, el inspector del trabajo compartió esta información con su padre, un líder de FETSALUD y funcionario del Ministerio de Salud, quien dijo a los trabajadores que se quedaran en FETSALUD o se arriesgaban a ser despedidos.

La Constitución reconoce el derecho a huelga, y la ley permite a los sindicatos realizar sus actividades sin interferencia del gobierno. Sin embargo, los complicados y prolongados procedimientos de conciliación bloquearon la capacidad de los trabajadores de llamar a una huelga. Durante una huelga los empleadores no pueden contratar a trabajadores de reemplazo sustituto. Si la huelga continúa sin resolverse por 30 días, el MITRAB tiene la autoridad de suspender la huelga y someter el asunto a arbitraje. El MITRAB con frecuencia declaró las huelgas ilegales, aun cuando los trabajadores siguieron los procedimientos legales para la huelga. 

Fuerzas de seguridad del gobierno violentamente interfirieron con la huelga nacional de transporte. El 5 de mayo, conductores profesionales de camiones, buses, y taxis demandaron que el gobierno congelara los precios del combustible, estacionaron sus vehículos a lo largo de las principales carreteras, y bloquearon el tráfico. Líderes de los sindicatos alegaron que el 6 de mayo, bajo instrucciones expresas del Presidente Ortega de terminar la huelga, la policía en León destruyó las ventanas de 40 vehículos y se los llevó. El 13 de mayo, la policía en Las Maderas disparó balas de goma e hirió a huelguistas en un intento de reprimir la huelga. En junio la huelga finalizó pacíficamente solo después de que el Presidente Ortega públicamente prometiera a los huelguistas un subsidio al combustible, que fue entregado seguidamente.

El 24 de julio trabajadores de los Laboratorios Panzyma en El Crucero formaron un nuevo sindicato. El 31 de julio la administración de la compañía despidió a Marlon Doña, un líder del sindicato. El 4 de agosto el MITRAB acordó concederle estatus legal al sindicato. El 7 de agosto los líderes del sindicato presentaron a la administración una lista de la directiva del sindicato, y el 13 de agosto presentaron al MITRAB una carta en relación a su intención de negociar un convenio colectivo. El mismo día la administración notificó a los miembros del sindicato la cancelación inmediata de sus contratos de trabajo. El 14 de agosto los trabajadores empezaron una huelga como resultado de los despidos ilegales. El 15 de agosto la administración llamó a la policía para remover a los huelguistas a la fuerza. Los trabajadores presentaron una demanda por derechos laborales ante el MITRAB y una demanda de abuso policial ante la PNN y el Instituto de Medicina Legal.  Aunque el inspector del trabajo local emitió resoluciones revocando los despidos, la administración rehusó cumplir la orden y apeló la decisión de la Oficina del Inspector General. El 29 de agosto la Oficina del Inspector General falló contra los huelguistas y les ordenó volver al trabajo dentro de las 72 horas siguientes. En octubre los trabajadores abandonaron sus esfuerzos de formar un nuevo sindicato.
 
b. El Derecho a Organizarse y a Negociar Colectivamente

La ley establece el derecho a negociar colectivamente.  Un Convenio de Negociación Colectiva no puede exceder los dos años, y se renueva automáticamente si ninguna de las partes solicita su revisión. El gobierno protegió estos derechos y con frecuencia se esforzó en fomentar la resolución de conflictos laborales a través de negociaciones informales en vez de procesos administrativos o judiciales formales. Las compañías involucradas en disputas con los empleados deben negociar con los sindicatos de trabajadores si estos existen. Por ley varios sindicatos podrían coexistir en cualquier empresa. La ley permite a la administración firmar convenios de negociación colectiva con cada sindicato que opere en la empresa.

El nuevo Código Penal, entrado en vigor en julio, establece sanciones contra empleadores que violan los derechos laborales, como son interferir en la formación de sindicatos o romper huelgas. En la práctica, muchos empleadores en el sector formal continuaron violando los derechos de los trabajadores poniendo a los miembros de sindicatos en listas negras o despidiéndolos. Los empleadores también evitaron castigos legales organizando “sindicatos blancos” para sus empleados (sindicatos dirigidos por los empleadores), quienes carecían de independencia. Líderes sindicales afirmaron que empleadores que apoyaron la administración de Ortega con frecuencia presionaron a los trabajadores afiliados a sindicatos independientes para que renunciaran y se registraran con sindicatos del FSLN.

Aunque por ley se obliga a los empleadores a reintegrar a los trabajadores que han sido despedidos por actividades sindicales, el MITRAB no puede ordenar legalmente a los empleadores a recontratar a trabajadores despedidos. La reintegración formal requiere de la orden de un juez. La ley permite que los empleadores obtengan un permiso del MITRAB para despedir a cualquier empleado, incluidos los organizadores de los sindicatos, con tal de que el empleador acceda a pagar el doble de la indemnización por despido. En la práctica, frecuentemente los empleadores no reintegraron a los trabajadores debido a la débil aplicación de la ley.

El 18 de septiembre un miembro de la oposición y líder sindical de la Federación de Trabajadores Democráticos del Sector Público presentó una queja de que funcionarios del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) lo acosaron y despidieron ilegalmente por defender a otros 20 miembros del sindicato despedidos ilegalmente del MTI, y también por presuntamente irrespetar al Ministro de Transporte e Infraestructura afiliado al FSLN.

Líderes sindicales se quejaron de empleadores que rutinariamente violaron los convenios de negociación colectiva y las leyes del trabajo. Durante el año el MITRAB realizó 6,138 inspecciones y multó a 18 compañías, incluyendo a algunas que operaban en las Zonas Francas (Zfs).

No hay leyes especiales o exoneraciones de las leyes laborales regulares en las 41 ZFs. Menos del 10% de los estimados 65,500 trabajadores de las Zfs eran miembros de sindicatos. Debido a que una alta proporción de sindicatos de ZF tenían menos de 50 miembros, muchas de esas organizaciones no tuvieron poder de negociación colectiva efectiva.

La organización Centro para la Solidaridad Internacional reportó alegatos de violaciones al derecho a organizarse y negociar colectivamente, especialmente en las Zfs, donde los empleadores detuvieron negociaciones y presuntamente despidieron o acosaron a empleados que trataban de formar sindicatos. Líderes sindicales se quejaron de violaciones laborales que incluían los cierres de las fábricas de ZF KB Manufacturing, Everly, y Mil Colores. Otras fábricas de ropa sindicalizadas en la ZF cerraron, o amenazaron con cerrar, para evitar pagar reclamos por salarios atrasados y compensación.

El 6 de junio la fábrica de ropa Nien Hsing cerró operaciones despidiendo a 9,600 de sus 14,839 empleados. La compañía mexicana C&C, que pertenecía a tres de los dueños de la desaparecida fábrica Nien Hsing, contrató a los restantes 5,289 empleados de Nien Hsing.

c. Prohibición de Trabajo Forzado u Obligatorio

La ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, incluyendo el trabajo infantil; sin embargo, hubo reportes de que dichas prácticas prevalecieron. La ley no prohíbe la trata de personas para trabajo forzado. El gobierno no hizo cumplir efectivamente la ley ni implementó programas para combatir el trabajo forzado. Hubo casos de servidumbre doméstica forzada, especialmente de mujeres adolescentes, y de prostitución forzada de menores que fueron traficados a centros urbanos desde otros países o desde áreas rurales dentro del país mismo (ver sección 5, Trata de Personas).    

d. Prohibición de Trabajo Infantil y Edad Mínima para Trabajar

Considerando que la ley contempla la protección de los derechos de los niños y prohíbe cualquier tipo de explotación económica o social de la niñez, el trabajo infantil fue un problema generalizado. El gobierno no hizo cumplir la ley para proteger a los niños de la explotación en el lugar de trabajo. La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y Adolescente realizada en 2005, la mas reciente a la disposición, estimó que habían aproximadamente 239,000 niños trabajadores de entre cinco y 17 años de edad, de los cuales 36% tenían menos de 14 años de edad. ONGs estimaron que hubo una reducción en el número de niños trabajando entre los cinco y nueve años de edad, porque el gobierno eliminó los cobros para asistir a las escuelas públicas. Sin embargo, estas ONGs notaron un aumento sustancial en el número de niños de entre 14 y 17 años de edad, especialmente aquellos que eran analfabetas, trabajando en las más peligrosas formas de trabajo infantil.

La ley establece una edad mínima para empleo de 14 años, y limita la jornada laboral a seis horas. Los niños entre 14 y 16 años de edad deben tener permiso de sus padres para trabajar. La ley prohíbe a trabajadoras domésticas adolescentes dormir en la casa de su empleador. El MITRAB es responsable de cuidar a aquellas trabajadoras domésticas adolescentes que no pueden volver a sus familias cada noche.

Durante el año el Instituto de Seguridad Social (INSS) decretó que todos los empleados de más de 14 años de edad deberían de ser registrados en el sistema de seguro social del INSS. La ley también establece términos de ocho años de cárcel y multas sustanciales para personas que emplean a niños en trabajo peligroso, y permite a los inspectores cerrar centros que emplean trabajo infantil. El gobierno no brindó recursos adecuados al MITRAB para hacer cumplir la ley efectivamente, con excepción del pequeño sector formal.

La mayoría de casos de trabajo infantil se dieron en el gran sector informal, incluyendo en plantaciones de café y fincas de subsistencia, y en silvicultura, pesca, y caza. De acuerdo al Programa de Eliminación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo, la niñez está involucrada en las peores formas de trabajo infantil como en plantaciones agrícolas, pesca de mariscos, extracción de piedra poma y caliza, extracción de oro, manufactura industrial, construcción, comercio, hotelería, y como sirvientes domésticos. Los empleadores también usaron a niños trabajadores para cruzar fronteras terrestres con drogas y otros contrabandos. 

Los niños trabajando en la agricultura sufrieron exposición al sol, temperaturas extremas, humedad, y peligrosos pesticidas y otros químicos. Cienes de niños que trabajan con sus familias enfrentaron exposición al sol, temperaturas extremas, contaminación del agua, y fuertes mareas marítimas en la recolección de conchas negras para ceviche.
 

El gobierno actualizó su plan nacional para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, pero no coordinó sus esfuerzos con las ONGs. El 9 de julio el gobierno nombró a la Primera Dama Rosario Murillo como representante del Presidente en el Consejo Nacional de Atención y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, el cual coordina los esfuerzos del gobierno en relación a los derechos de la niñez y las actividades con los grupos de la sociedad civil. El gobierno continuó tomando medidas para incorporar a los trabajadores adolescentes a la fuerza laboral formal trasladando a niños de las peores formas de trabajo infantil hacia actividades no peligrosas. Las ONGs ofrecieron formación vocacional a fin de ayudar a los adolescentes a desarrollar habilidades para su empleo en fábricas de las Zfs. Mediante la red de inspecciones, que incluyó a dos inspectores de trabajo infantil, el MITRAB retiró a 394 niños trabajadores de plantaciones de café. 

 e. Condiciones Aceptables de Trabajo

La ley del salario mínimo establece un salario mínimo regulado por la ley para nueve diferentes sectores económicos, y es establecida mediante negociaciones tripartitas que involucran a empresarios, gobierno, y trabajadores. La Asamblea Nacional debe aprobar estos niveles salariales. Durante el año el gobierno incrementó el salario mínimo en un 33% promedio. El salario mínimo mensual osciló de C$1,392 córdobas (aproximadamente $71 dólares) en el sector agrícola a C$3,232 córdobas ($166 dólares) en el sector financiero. El Banco Central realizó una revisión del ajuste al salario mínimo, y reportó que el salario mínimo estaba significativamente por debajo de los C$8,670 córdobas ($455 dólares) que el gobierno estimó que una familia urbana necesitaría mensualmente para adquirir la canasta básica. En general el salario mínimo fue aplicado solo en el sector formal.

La semana de trabajo estándar es de un máximo de 48 horas, con un día de descanso a la semana; sin embargo, esta disposición fue constantemente ignorada por los empleadores, quienes frecuentemente alegaron que los trabajadores estaban siempre dispuestos a trabajar horas extras para ganar más. Si bien la ley ordena el pago de horas extras y prohíbe las horas extras obligatorias excesivas, estos requisitos no siempre se cumplieron efectivamente.

La ley establece estándares sobre salud y seguridad ocupacional, pero el gobierno no destinó personal o recursos adecuados para permitir a la Oficina de Higiene y Seguridad Ocupacional cumplir estas disposiciones. La nueva ley de higiene y seguridad laboral ordena la creación de oficinas regionales para el Consejo Nacional de Higiene y Seguridad laboral. El Consejo es responsable de la legislación para la seguridad del trabajador, de colaborar con otras agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de programas de asistencia, y de promover actividades de capacitación y prevención.  El gobierno no aplicó la nueva ley efectivamente.  Al finalizar el año, el MITRAB había realizado 1,337 inspecciones de higiene y seguridad ocupacional en empresas. 

La ley concede a los trabajadores el derecho a retirarse de situaciones de trabajo peligrosas sin poner en peligro la  continuidad en su empleo, pero muchos trabajadores desconocían este derecho.

Los empleadores no brindaron una apropiada capacitación sobre salud y seguridad ocupacional y el equipo de buceo adecuado para pescadores de langosta en la RAAN, que tenían acceso a solo una cámara de descompresión. El 15 de junio dos pescadores de langosta de una comunidad Miskita sufrieron de descompresión después de trabajar a una profundidad de 120 pies, bajo condiciones que carecían de las mínimas medidas de seguridad y equipo.